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Los costes políticos principales causantes del déficit de tarifa

Os dejo un interesante artículo escrito por Eduardo Montes, presidente de Unesa y publicado en El Nuevo Lunes

No cabe duda de que, desde hace tiempo, era necesario introducir cambios en el sistema eléctrico español. Había, de hecho, una verdadera urgencia de poner orden y acometer cambios, como bien sabíamos todos quienes dedicamos nuestro día a día al sector eléctrico.

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Los curanderos eléctricos

Comparto con vosotros un artículo que se publica en El País firmado por Eduardo Montes, presidente de UNESA

Un curandero es alguien que, sin ser médico, propone curas milagrosas en momentos desesperados y a personas con verdaderas ansias de solucionar el problema que les aqueja.

déficit de tarifa

Sin embargo, este tipo de recetas no suele ser muy efectiva, como tampoco lo son muchas de las soluciones que, en la actualidad, se plantean como remedio a los males del sector eléctrico español, que son muchos y se han visto agravados tras la reciente reforma eléctrica anunciada por el Gobierno.

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La inseguridad jurídica en la revisión a las primas fotovoltaicas no existe

Compartimos este artículo sobre la supuesta inseguridad jurídica en la revisión a las primas de las energías fotovoltaicas y al uso erróneo que se hace del término retroactividad. La dimensión social de la revisión de las primas a la energía eléctrica fotovoltaica

A continuación os reproducimos algunos de los párrafos más significativos

Todas las argumentaciones y las acusaciones formuladas por los productores de energías renovables contra las medidas ya aprobadas o por aprobar,consisten en que serían
retroactivas y vulnerarían los principios de seguridad jurídica y confianza legítima.

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Pero resulta que no es así, según nos dice José María Mohedano Fuertes en el artículo

Lo primero que salta a la vista para cualquier jurista y observador distante es que
la noción de retroactividad se está utilizando con una finalidad intencionadamente descalificadora frente a legítimas innovaciones del ordenamiento

Debe tenerse en cuenta que una cosa es el concepto de retroactividad “prohibida” –mucho más limitado– y otra el de retroactividad “a secas”. Además se pasan por alto
las distinciones entre retroactividad de grado máximo, medio o mínimo, o los adjetivos de “propia o impropia” aplicados a aquel término.
Y para mayor confusión,se parte de la errónea premisa de identificar de modo automático retroactividad con ilicitud o prohibición. En este sentido, son muy elocuentes
las recientes Sentencias de la Sala 3ª del Tribunal Supremo (por todas, las de 12 de abril, 18 y 19 de junio y 25 de septiembre de 2012) precisamente en relación con el tema
de la retroactividad de las medidas que modifican la retribución que reciben las tecnologías eléctricas del régimen especial

Muy significativo es este párrafo en el que nos dice que no los productores de energía fotovoltaica no pueden pretender seguir recibiendo las mismas primas cuando el marco económico ha cambiado. Que pasa ¿Ellos no se tienen que ajustar el cinturón?

La energía eléctrica no es una producción industrial cualquiera, sino que tiene una importancia estratégica primordial en el crecimiento y configuración económica
de cualquier nación. España está pasando por una situación excepcional y extraordinaria de crisis económica, y como el Derecho no está separado de la realidad–aunque
a veces vaya a su zaga–, nadie puede pretender que las medidas de fomento (en este caso, la percepción de una muy favorable tarifa regulada), se consideren perpetuamente inmodificables.

La seguridad jurídica protege situaciones económicas, pero no puede contraponerse como argumento invalidatorio ni servir de escudo ante cambios significativos del panorama económico y social o ante una modificación tecnológica (el precio de la energía fotovoltaica se ha reducido un 46% como consecuencia de los avances tecnológicos, evolución de la“curva de aprendizaje”, la progresiva“ madurez”del sector fotovoltaico,etcétera).

Lo que la mayor parte de los consumidores no saben es que la fotovoltaica sólo aporta un 3% de la energía que consumimos pero se llevaron 2.600 millones en 2012

Si miramos algunas cifras como los más de 2.600 millones que en 2012 se pagaron en primas a esta tecnología, que aporta solo un 3% de la energía que consumimos, se
le plantearían enseguida a los ciudadanos y consumidores verdaderos problemas de entendimiento.

deficit de tarifa renovables

En definitiva, las medidas por las que tanto protestan los productores fotovoltaicos están favoreciendo al consumidor

El ministro Soria y el Gobierno, en este caso, están acertando en las decisiones que están adoptando porque favorecen a los consumidores y a los ciudadanos engeneral.
Sus decisiones, además, facilitan el equilibrio del sistema y el régimen de libre competencia. En mi opinión, no se puede afirmar conrigor que la seguridad jurídica no
resulte compatible con los cambios normativos en curso,
ya que se trata de cambios válidos.

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La dimensión social de la revisión de las primas a la energía eléctrica fotovoltaica

¿Qué se esconde en el recibo de la luz?

Comparto con vosotros este artículo de opinión firmado por Angel Vilar en la sección de economía de El País

Propone un refrán castellano “que cada palo aguante su vela”, una frase tan escueta como justa. Sin embargo, la vida y la realidad económica no siempre son tan claras y tajantes, ni tan justas tampoco. En el terreno de la política energética española, quién aguanta qué velas es algo que no viene regido por el sentido común y la justicia, sino que es fruto de una acumulación de decisiones políticas de distinto signo que con el correr de los tiempos están empujando a que nuestro país tenga una de las energías más caras de su entorno.

deficit de tarifa renovables

En España vivimos una llamativa y gravosa paradoja: se produce electricidad a un precio inferior al de la media europea, pero los consumidores la pagan más cara que la media de los ciudadanos de La Unión. ¿Cómo es posible? ¿Por qué ocurre eso? La respuesta se encuentra, o se esconde, según se mire, dentro del recibo de la luz. Un recibo que tiene dos partes claramente diferenciadas.

Aproximadamente, la mitad de su importe corresponde al pago de la energía, y la otra mitad, a los “peajes”, concepto que engloba los costes derivados de todas las decisiones de política energética adoptadas a lo largo de los años. Ahí están las subvenciones a las energías renovables o al consumo del carbón nacional o la anualidad del déficit de años anteriores.

Para más inri, ese elevado precio que se paga en España por la electricidad no llega ni siquiera para cubrir el conjunto de los costes regulados del suministro (el de los peajes), sino que anualmente se genera un déficit que solo en 2012 ascendió a 5.200 millones de euros.

Y ¿quién aguanta esas velas? Pues la verdad es que el reparto resulta de lo más desigual y arbitrario.

La vela mayor, la del déficit, la financian desde hace 12 años las cinco grandes empresas eléctricas, obligadas a actuar como banqueros de los sucesivos Gobiernos y a asumir las consecuencias de la concesión de cuantiosas subvenciones a tecnologías inmaduras como las solares. Hoy en día, las compañías asociadas en Unesa acumulan por este concepto una deuda de 9.400 millones, lo que les supone un coste financiero añadido y una mayor deuda en sus balances.

Los otros paganos, los que aguantan la vela del precio, son los consumidores y las industrias, que afrontan el pago de una electricidad cara y abonan un recibo que ni siquiera cubre todos los costes que se generan.

Cada hogar español paga anualmente, además de toda la energía que consume, una cantidad (en torno a 8.500 millones de euros en 2012) para subvencionar las energías renovables.

En concreto, la energía solar (fotovoltaica y termosolar eléctrica) carga cada año los recibos de la luz con 4.100 millones de euros en subvenciones, pese a que su aportación a la cobertura de la demanda es de menor rango.

Por seguir apuntando paradojas, la energía solar aporta solamente el 4% de la energía producida y es uno de los principales causantes del déficit. Decisiones políticas precipitadas han hecho que España haya incorporado anticipadamente y de forma masiva tecnologías inmaduras como las mencionadas. Si, por el contrario, este proceso se hubiera llevado a cabo de manera más racional, a la luz de su desarrollo tecnológico y, por tanto, de su grado de competitividad, el coste sería sustancialmente más bajo, y la consecución del objetivo de renovables a 2020 se podría cumplir con un coste mucho menor para el país y para los consumidores de electricidad.

El Gobierno actual parece ser consciente de la gran patata caliente que se ha encontrado en este terreno, ya que solo hay dos medidas posibles para atajar el déficit generado en los costes regulados, y en particular por las primas a las energías solares: subir el recibo de la luz y moderar las primas a las renovables, y ambas supondrían un gran desgaste.

Aunque la electricidad tiene un efecto limitado sobre la economía de las familias y las empresas españolas, el incremento de su precio irrita a la opinión pública.

La electricidad supone únicamente el 2,5% del gasto familiar —frente al 4,4% que suponen los carburantes o el 3% que supone la telefonía— y el 1,4% del gasto de explotación de las empresas. Además, el precio de la electricidad ha crecido mucho menos que el de los demás productos y servicios energéticos: el gasóleo ha subido el doble que el de la electricidad, y el de la gasolina, un 40% más en los últimos años.

Podríamos tener la tentación de pensar que una solución posible es la de mantenello y no enmendallo. Si hasta ahora las cosas han funcionado así, ¿por qué no seguir con ellas tal cual? Hay varias razones para que esta vía del inmovilismo no sea factible. Tampoco parece prudente adoptar medidas que lleven a una situación crítica al sector eléctrico nacional, un sector con 37.000 trabajadores directos y otros 130.000 indirectos e inducidos, que tiene encomendado desarrollar un servicio esencial como es el suministro eléctrico.

La afirmación está tan lejos de nuestras percepciones de la realidad que puede resultar sorprendente, pero los datos son los datos. Los nuevos impuestos decretados por el Gobierno para la generación hacen que una gran parte de las instalaciones produzcan con pérdidas, una situación que resulta insostenible en el medio plazo para los accionistas de unas compañías que cotizan en Bolsa, para los clientes y para la economía del país.

En el mundo desarrollado, la calidad de vida suele llevar aparejado un importante consumo de energía, y nadie quiere renunciar a su bienestar, que se deteriora cuando la falta de inversiones deja de garantizar la continuidad y la calidad del suministro. Hoy en día, una situación así parece muy poco probable, porque, como consecuencia de la crisis, el consumo eléctrico ha descendido. Pero ¿por cuánto tiempo? La política energética es estratégica para un país con una visión a largo plazo, y el nuestro necesita un marco capaz de arbitrar un sistema sostenible y competitivo que garantice la calidad y continuidad del suministro, el crecimiento, la competitividad industrial y la posibilidad de que las empresas eficientes sean capaces de conseguir una rentabilidad razonable con la venta de sus servicios, aunque sean eléctricos.

Ángel Vivar es director de política energética y desarrollo sostenible de Unesa.