Los costes políticos principales causantes del déficit de tarifa

Os dejo un interesante artículo escrito por Eduardo Montes, presidente de Unesa y publicado en El Nuevo Lunes

No cabe duda de que, desde hace tiempo, era necesario introducir cambios en el sistema eléctrico español. Había, de hecho, una verdadera urgencia de poner orden y acometer cambios, como bien sabíamos todos quienes dedicamos nuestro día a día al sector eléctrico.

Captura de pantalla 2013-11-11 a la(s) 19.41.43Este consenso había llegado, incluso, a la Comisión Europea, cuyas recomendaciones específicas para España pasan por la necesidad de reformar el sector y abordar el problema del déficit de tarifas antes de finales de año, además de intensificar los esfuerzos para completar las interconexiones eléctricas y de gas con los países vecinos.

Sin embargo, la reforma que finalmente se anunció el pasado verano y que a lo largo del otoño está pasando su tramitación en el Parlamento no ha sido, en absoluto, la que el sector eléctrico necesitaba.

En primer lugar, porque esta reforma ni siquiera cumple con la meta final que la inspiró: la resolución del grave problema que supone el déficit de tarifas. La consecución de este objetivo ha sido, de hecho, el objetivo explícito de todo el conjunto de medidas que conforman esta reforma. Sin embargo, y según ha anunciado el propio Ministerio, este déficit podría seguir siendo un problema para el sector, ya que en 2013 no se habrá acabado con él, como se pretendía y se comprometió, sino que ascenderá a cerca de 3.000 millones de euros. Una cifra nada desdeñable.

Sobre todo, teniendo en cuenta que todo el déficit de tarifa que hasta el momento se ha generado y que asciende a un montante de unos 27.000 millones de euros, ha tenido que ser financiado por las compañías eléctricas asociadas en Unesa. Al margen de que este déficit haya contado, como es lógico y no podía ser de otro modo, con el aval del Estado en el llamado proceso de titulización, esta deuda supone un peso en el balance de estas empresas y ha afectado y afecta a su rating. De ahí la necesidad de ponerle fin de una vez por todas.

Más allá de este punto de partida, el vasto conjunto de medidas que componen la reforma penaliza especialmente a las actividades que desarrollan las empresas eléctricas. Así, no sólo no se ha cumplido con el compromiso de alcanzar un “déficit cero” este año, sino que tampoco se ha repartido el esfuerzo de acometer la reforma de modo equitativo entre los agentes del sector.

Desde el Ministerio se había defendido siempre que los sacrificios a los que obligara esta reordenación del sector recaerían equitativamente entre Administración, consumidores y compañías. Finalmente, estas últimas tendrán que cargar con cerca del 60% del esfuerzo.

De igual modo, y en relación al contexto comunitario, es el sector eléctrico el que ha tenido que asumir un mayor esfuerzo, en realidad, casi en exclusiva, en cuanto a la consecución de los objetivos marcados desde Bruselas para 2020. Y ello a pesar de que estos objetivos de ahorro y eficiencia afectan a todos los sectores energéticos, no sólo al eléctrico.

Volviendo a la reforma eléctrica, otra de las cuestiones que más riesgo puede entrañar es, a nuestro juicio, el tratamiento que la reforma da a la actividad de distribución.

“La reforma eléctrica castiga de nuevo a la distribución que,en lo últimos dos ejercicios, acumula un recorte de aproximadamente 1.000 millones de euros”

Llegado este punto es preciso aclarar que ésta es la actividad que garantiza la calidad del suministro eléctrico y que, por lo tanto, es vital para el funcionamiento del sistema. Además, debemos tener en cuenta que la distribución en España tiene, históricamente, una de las retribuciones más bajas en comparación con otros países miembros de la Unión Europea. Adicionalmente, es preciso valorar que esta actividad ya había sufrido graves recortes en el año 2012. Pues bien, a pesar de todo lo anterior, la reforma eléctrica castiga de nuevo a la distribución que, en lo últimos dos ejercicios, acumula un recorte de aproximadamente 1.000 millones de euros.

Paralelamente, se concede a la distribución una retribución sorprendentemente baja, insuficiente para cubrir los costes de capital invertido, máxime si se tienen en cuenta las cuantiosas inversiones que esta actividad lleva apareja- das, y que hacen posible la actual calidad del suministro eléctrico español.

Parece ser que hay quien no se da cuenta del grave riesgo que esta situación entraña. En primer lugar, porque dificultará la implantación y el desarrollo de las llamadas “smart grids” o redes inteligentes, cuyo desarrollo se promueve expresamente desde instancias comunitarias; pero, además, porque podría llegar a afectar a la calidad del suministro eléctrico.

Otro de los más graves problemas a los que tiene que enfrentarse hoy el sector es el que suponen los impuestos específicos que las nuevas medidas introducen para la generación nuclear y los hidrocarburos, así como el canon fijado para la hidráulica. Estos impuestos hacen aún más difícil el desarrollo de esta actividad. En el caso de la generación extrapeninsular esta dificultad se agrava al tratarse de una actividad regulada a la que se fija una retribución muy baja (6,5% antes de impuestos). Además, hay que tener en cuenta que la generación en las islas también ha sido gravada con el impuesto general del 7% a la generación eléctrica.

“Uno de los más graves problemas es el que suponen los impuestos específicos que las nuevas medidas introducen para la generación nuclear y los hidrocarburos”

Por otro lado, la reforma persevera en uno de los problemas más graves que actualmente tiene el sistema: la inclusión, dentro de la factura eléctrica, de costes que no guardan relación directa con el suministro de energía.

El recibo eléctrico que pagamos todos los consumidores incluye diferentes partidas. Algunas (generación, transporte, distribución) sí están vinculadas de forma directa con el suministro. Otras son costes políticos fruto de las decisiones que han adoptado los diferentes gobiernos. Este es el caso, entre otros, del bono social, una iniciativa de política social que, como tal, debe ser asumida por el Estado, pero no por los accionistas de ninguna compañía.

El hecho de que los costes políticos se hayan cargado y se sigan cargando en la factura eléctrica es el principal causante del déficit de tarifa que, de este modo, es el resultado de decisiones políticas adoptadas por la Administración.

Mención especial merecen las subvenciones que pagamos a ciertas tecnologías inmaduras y caras. En este sentido, resulta pertinente aclarar que si se eliminaran del recibo estas primas que se pagan a las tecnologías inmadura (básicamente, las solares), este reduciría cerca de un 10%.

Déficit de tarifa

Otro de los puntos flacos de la reforma lo constituye el excesivo intervencionismo que persiste dentro del sistema eléctrico: el mercado sigue sin liberalizarse. Desde Unesa pensamos, sin embargo, que avanzar hacia la liberalización del mercado conllevaría ventajas para todos los agentes implicados en el sector, incluidos los consumidores, que a medio plazo contarían con precios y ofertas más competitivos.

En otro orden de cosas, la reforma eléctrica pone también en jaque la rentabilidad y viabilidad de los ciclos combinados de gas. Una tecnología imprescindible para dar respaldo al importante parque renovable del que dispone España; un parque que, como sucede con todas las energías renovables, no es gestionable y, por lo tanto, requiere de que haya centrales en marcha y siempre a punto para verter energía al sistema en los momentos en los que no es posible contar con su generación.

Si pusiéramos en una balanza los avances y retrocesos que introduce esta reforma, nos encontraríamos con que un platillo, el segundo, se vería mucho más inclinado que su compañero.

Desde Unesa nos resistimos a pensar que el Ejecutivo vaya a dejar pasar una oportunidad como esta de que el sistema eléctrico avance en eficiencia, competitividad y calidad y seguridad del suministro. En un momento de crisis como el actual, el sector eléctrico puede servir de palanca para el crecimiento económico o convertirse en un problema añadido que lastre la incipiente recuperación de España. Esperemos que no se cometa este error.

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